Crisis hídrica afecta a millones en Chile: un llamado a la acción

Chile enfrenta una severa crisis hídrica que ha puesto en jaque a 58 comunas a lo largo del país, afectando a más de un millón de personas en regiones clave como Coquimbo, Atacama y Valparaíso. Esta situación ha llevado al Ministerio de Obras Públicas y la Dirección General de Aguas a mantener vigentes decretos de escasez hídrica en siete provincias, buscando mitigar los efectos de la falta de lluvias y asegurar el abastecimiento de agua para consumo humano y saneamiento básico.

Medidas en marcha para combatir la sequía

El gobierno chileno, bajo la presidencia de Gabriel Boric, ha implementado diversas estrategias para enfrentar esta crisis. Entre ellas, destaca la construcción de plantas desaladoras en la región de Coquimbo, la instalación de pozos de agua dulce y plantas de tratamiento de aguas servidas para riego, como parte de un paquete de medidas que buscan asegurar el suministro de agua en las zonas más afectadas.

Al mismo tiempo, la Dirección General de Aguas ha adoptado un enfoque proactivo, exigiendo a las Juntas de Vigilancia la redistribución equitativa de aguas superficiales y subterráneas, con el fin de prevenir abusos y garantizar la equidad en el acceso al recurso hídrico. Este enfoque se basa en un análisis detallado de las condiciones hidrometeorológicas.

La situación en las diferentes regiones

Mientras algunas regiones como Ñuble muestran signos de recuperación gracias a las últimas lluvias, otras como Coquimbo y Valparaíso continúan luchando contra la sequía, con decretos de escasez hídrica vigentes y medidas de emergencia en curso. La situación es particularmente crítica en la provincia de Huasco, donde se ha extendido el decreto hasta noviembre de este año debido a la persistente sequía.

Un futuro hídrico sostenible

Ante esta adversidad, la Gobernación Regional Metropolitana ha delineado una nueva hoja de ruta para enfrentar la crisis hídrica, con la creación de los Organismos de Cuenta de Chile. Esta iniciativa busca coordinar esfuerzos entre los sectores de consumo humano, productivos y de medio ambiente, estableciendo un modelo de gestión que pueda aplicarse a todos los acuíferos del país, comenzando con un plan piloto en la cuenca del río Maipo.